Según la Misión de Observación Electoral – MOE, la proporción de candidaturas inscritas para las elecciones al Congreso de 2026 se mantiene igual a la de 2022: 40% mujeres y 60% hombres. Lejos de evidenciar avances, estas cifras confirman un estancamiento persistente en la participación política de las mujeres. En el caso de la Cámara de Representantes, el número de candidatas incluso disminuyó un 4%, pasando de 771 en 2022 a 742 en 2026. Para el Senado, las brechas son aún más evidentes: solo seis de las 16 cabezas de lista son mujeres.
Estas elecciones se desarrollan bajo un nuevo marco normativo que obliga a que las listas que eligen menos de cinco curules incluyan al menos una mujer. En elecciones anteriores, 19 de los 32 departamentos no estaban obligados a cumplir ninguna cuota de género. No obstante, los cambios normativos no se han traducido en transformaciones sustantivas: la presencia de mujeres en las listas no garantiza su acceso real al poder político.
Colombia continúa sin adoptar medidas suficientes para incrementar la participación política efectiva de las mujeres. Más preocupante aún, las mujeres que logran posicionarse en la contienda electoral enfrentan una baja visibilidad de agendas pro mujer y de género, lo que limita el impacto sustantivo de su participación. De esta manera, se profundiza la brecha entre la representación descriptiva —centrada en cifras y porcentajes— y la representación sustantiva, que implica la defensa efectiva de los derechos y demandas de las mujeres y otras identidades históricamente excluidas.
Aunque la legislación establece una cuota mínima del 30% de mujeres en las listas, los partidos políticos continúan privilegiando candidaturas masculinas en los lugares con mayores probabilidades de elección, concentrando en los hombres los recursos, el financiamiento y la visibilidad política. Tal como lo ha señalado El Colombiano, incluso cuando las mujeres ocupan posiciones altas en las listas, suelen enfrentar desventajas estructurales en términos de experiencia electoral, acceso a recursos y respaldo partidario.
A esto se suma un sesgo de género profundamente arraigado en los partidos políticos, que reproducen estructuras de poder diseñadas bajo reglas masculinas. Como lo afirma Rocío Pineda en La Silla Vacía, ninguno de los 32 partidos y movimientos políticos vigentes ha realizado esfuerzos significativos por transformar sus modelos organizativos, códigos internos y escenarios de decisión, lo que impide avanzar hacia una igualdad política sustancial.
Finalmente, una de las barreras más complejas sigue siendo la violencia contra las mujeres en política. Las candidatas enfrentan ataques diferenciados que incluyen agresiones a su vida personal, su apariencia física, acoso en redes sociales y deslegitimación de sus capacidades por razones de género. Estas violencias, muchas veces calificadas como “invisibles”, buscan expulsar a las mujeres de la escena política y limitar su permanencia en los espacios de poder.
Este panorama se agrava en un contexto nacional y global de retroceso de la agenda de género, marcado por el debilitamiento de iniciativas que respondan a las necesidades de las mujeres y otras identidades, así como la despriorización de políticas de igualdad y el cuestionamiento abierto a los derechos conquistados por los movimientos de mujeres. En este marco, la baja visibilidad de las agendas de género en la contienda electoral no es una omisión accidental, sino el reflejo de un panorama político más amplio.
De cara a las elecciones de 2026, el riesgo no es solo el estancamiento en cifras, sino la consolidación de una participación política de las mujeres sin poder real, sin agenda y sin capacidad transformadora. Sin medidas estructurales como incentivos reales para la paridad, sanciones efectivas a los partidos, garantías de financiamiento, protección frente a la violencia política y fortalecimiento de agendas sustantivas, la participación de las mujeres seguirá siendo simbólica y condicionada.
La participación política de las mujeres no es solo un dato, pues si las mujeres están en la contienda, pero las dinámicas y las barreras prevalecen, entonces la democracia sigue enfrentando límites que van más allá del cumplimiento formal de la ley.
