Por Sofía Sánchez – Profesional de Proyectos
Por Santiago Velasco Gordillo – Coordinador territorial de Proyectos Nodo Centro
La juventud volvió a convertirse en un terreno de disputa electoral. Las candidaturas presidenciales hablan de becas, inteligencia artificial, emprendimiento, seguridad, salud mental y empleo para mostrar que nos entienden. Pero detrás de las promesas, aparece una pregunta incómoda: ¿realmente están pensando en las juventudes como sujetos políticos con proyectos de vida diversos?
Mientras algunas campañas prometen formar rápidamente jóvenes para responder a las necesidades de las empresas, otras intentan conectar educación, empleo y cohesión social en territorios atravesados por la desigualdad y la violencia. Sin embargo, muchas propuestas siguen hablando de “la juventud” como si fuera una sola realidad homogénea, ignorando las profundas brechas territoriales, étnicas, económicas y de seguridad que viven millones de jóvenes en Colombia.
Choque de modelos educativos
Las propuestas de educación para jóvenes en la contienda presidencial evidencian un debate sobre el modelo de acceso a la educación superior. De un lado, candidaturas como las de Paloma Valencia, Claudia López, Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella priorizan becas, créditos blandos y apoyos individuales, con propuestas como el “millón de becas”, la reforma al ICETEX o créditos para estudiar en el exterior. Algunas de estas iniciativas, pueden contribuir a reducir barreras económicas y ampliar oportunidades para los jóvenes. Por otro lado, Iván Cepeda propone fortalecer y expandir la universidad pública en territorios históricamente excluidos como el Amazonas, el Catatumbo, Mompox, etc. El choque es claro: financiar el acceso basado en la oferta privada o ampliar la oferta pública estatal.
Un segundo debate gira en torno al propósito de la educación. Paloma Valencia y Claudia López entienden la formación como una herramienta para la competitividad y la inserción laboral con apuestas en inteligencia artificial, formación dual y educación-trabajo. Allí persisten tensiones sobre hasta qué punto estos modelos realmente democratizan el acceso o terminan profundizando esquemas diferenciados según el origen socioeconómico. Mientras, Iván Cepeda plantea la educación como una estrategia de cohesión social y construcción de paz territorial, especialmente en regiones afectadas por el conflicto y las economías ilegales.
Las propuestas evidencian una tensión sobre el tipo de formación que debe priorizarse. Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella privilegian trayectorias cortas y técnicas orientadas a la rápida inserción laboral, estas apuestas enfrentan desafíos de implementación por las brechas regionales en conectividad, infraestructura y capacidades docentes. En el fondo, el debate plantea si la prioridad debe ser formar trabajadores para responder al mercado laboral o promover procesos educativos más integrales, conectados con los proyectos de vida y vocación de las juventudes.
Entre dar trabajo, impulsar emprendimientos y rutas de vida
Las propuestas coinciden en reconocer el desempleo juvenil como una prioridad y en que el Estado debe jugar un papel activo para cerrar brechas de acceso al trabajo, la educación y el emprendimiento, especialmente mediante formación para el trabajo, incentivos a la contratación y apoyo al sector privado. Sin embargo, difieren en sus enfoques: Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia priorizan estrategias de empleabilidad rápida, formación técnica y subsidios al primer empleo juvenil, con énfasis en bilingüismo, tecnologías y beneficios para territorios PDET y poblaciones vulnerables. Aun así, estas propuestas enfrentan retos relacionados con la estabilidad laboral, la informalidad y las brechas territoriales, particularmente en regiones rurales, amazónicas y fronterizas con limitaciones de infraestructura y oportunidades.
En contraste, Sergio Fajardo, Claudia López e Iván Cepeda incorporan una visión más integral del proyecto de vida juvenil, conectando empleo, educación y emprendimiento. Fajardo plantea un sistema de acompañamiento desde la educación media hasta la inserción laboral, junto con redes de emprendimiento juvenil y metas de liderazgo joven en empresas apoyadas por el Estado. Claudia López enfatiza la reconversión laboral, los subsidios al empleo y el fortalecimiento de la economía popular juvenil mediante créditos preferenciales. Para esto es importante garantizar que se generen empleos juveniles estables y no solo beneficios temporales para las empresas. Iván Cepeda, además de incentivos tributarios para contratar jóvenes, propone “fortalecer la gerencia” de los programas “Servicio Social para la Paz” y “Jóvenes en Paz”. Este último necesita de una urgente reestructuración interna, pues se encuentran en crisis por falta de operatividad y planeación.
Y… ¿hay desarrollo para las juventudes?
En materia de focalizaciones para ofertas estatales, Sergio Fajardo y Claudia López presentan las propuestas más amplias: reconocen a las mujeres jóvenes madres, las juventudes con discapacidad, las comunidades étnicas y las juventudes campesinas como poblaciones con necesidades distintas y proponen medidas específicas para cada una. Sin embargo, el reconocimiento de la diversidad no garantiza por sí solo su atención efectiva. El sistema de cuidado para madres jóvenes tiene referentes probados en ciudades como Bogotá y Cali, pero no es claro cómo llegaría a territorios donde esa infraestructura no existe.
Los fondos de emprendimiento étnico son una figura recurrente en la política pública colombiana que rara vez llega a sus destinatarios con la forma y oportunidad que se requiere, y las propuestas no detalla qué sistemas de información o mecanismos de seguimiento garantizarán que esta vez fuera distinto. Por otra parte, la conectividad y la oferta de servicios en zonas rurales son promesas que chocan con una realidad innegable: sin una estrategia paralela de seguridad territorial, su materialización es inviable. Finalmente, un programa de accesibilidad universal es una aspiración legítima pero de una escala que difícilmente se resuelve en un cuatrienio sin una gobernanza robusta entre el Estado, organizaciones de personas con discapacidad, la ciudadanía, sector privado.
Abelardo de la Espriella, por su parte, propone formar a 100.000 jóvenes rurales en prácticas agrícolas con crédito y mentoría, una apuesta que reconoce a la juventud del campo pero que tampoco responde a la pregunta más urgente: cómo garantizar que esa oferta estatal llegue efectivamente a territorios atravesados por la crisis de seguridad.
Entornos seguros y criminalización de la juventud
En materia de seguridad juvenil las propuestas revelan, en su conjunto, una comprensión todavía parcial de lo que significa proteger a las juventudes en contextos de violencia. Llama la atención que la mayoría de las apuestas sigan situando a los y las jóvenes como objetos de protección y no como sujetos activos en la construcción de sus propios entornos seguros.
Abelardo de la Espriella le asigna a la escuela la función de «muro de contención» frente al crimen, una lógica que confunde el rol pedagógico con responsabilidades que le corresponden al Estado. Por otro lado, Paloma Valencia propone entornos escolares libres de drogas sin explicar el enfoque, dejando abierta la pregunta de si su apuesta criminaliza el consumo o lo aborda como problema de salud pública.
Sergio Fajardo y Claudia López plantean estrategias para prevenir la vinculación juvenil a economías ilegales, aunque con enfoques distintos. Se proponen “Entornos protectores juveniles” basados en cultura, deporte y educación en territorios de alto riesgo, además de rutas de reintegración para jóvenes ya vinculados a estructuras ilegales. Mientras, se apuesta por formación técnica regionalizada en el Pacífico como alternativa económica, aunque su propuesta deja abiertos interrogantes sobre cómo enfrentar las dinámicas de pertenencia, identidad e influencia territorial que ejercen los grupos armados sobre las juventudes.
Los temas importantes que solo aparecieron una vez: participación juvenil, salud mental, vivienda, etc
Iván Cepeda plantea fortalecer la participación política de las juventudes, ampliando su incidencia en la toma de decisiones y en la ejecución de proyectos públicos, aunque sin mencionar explícitamente el Sistema Nacional de Juventud como marco institucional clave para ello. También propone que colectivos juveniles y organizaciones comunitarias puedan gestionar directamente proyectos culturales y obras públicas; sin embargo, esta medida requeriría mayores claridades sobre regulación, transparencia y capacidad institucional, pues muchas organizaciones enfrentan limitaciones técnicas y financieras que podrían afectar la ejecución y aumentar riesgos de clientelismo o captura política local.
Por otro lado, se presentan propuestas enfocadas en cultura, salud mental y deporte como herramientas de bienestar juvenil. De la Espriella propone el “Pase mi cultura”, un bono para incentivar el acceso de jóvenes al consumo cultural y fortalecer la economía creativa. Claudia López plantea impulsar rutas deportivas juveniles y los “Juegos Regionales de la Identidad”. En este panorama, la propuesta de Sergio Fajardo sobre salud mental destaca especialmente por ser la única que aborda de manera directa esta problemática, mediante una red pública de atención psicológica y psiquiátrica gratuita o subsidiada, junto con “Escuelas de bienestar” enfocadas en habilidades socioemocionales y prevención del suicidio, un tema prioritario frente a las crecientes afectaciones de salud mental en las juventudes.
Hay consensos, pero aún falta
Las cinco candidaturas coinciden en que la educación y el empleo son las apuestas centrales para la juventud colombiana. También la seguridad, pues es una condición transversal sin la cual ninguna de esas apuestas prospera en Colombia.
Sin embargo, siguen sin mencionarse subpoblaciones juveniles que demandan soluciones específicas, como las juventudes LGBTIQ+, especialmente trans, altamente expuestas a violencias. Asimismo, las comunidades NARP, rom e indígenas aparecen agrupadas en una sola categoría étnica, desconociendo la diversidad de necesidades, territorios y realidades que requieren un enfoque diferencial más sólido.
Finalmente, la participación juvenil no puede seguir siendo un tema secundario en la agenda de ninguna candidatura. Las juventudes no son solo las destinatarias de las políticas públicas: son la generación que hereda las instituciones y que sostienen la democracia con la que se tomarán las próximas decisiones del país. Incorporarles genuinamente en la construcción de las propuestas, escuchar sus colectividades y reconocer su capacidad propositiva no es un gesto generoso sino una condición básica de una democracia que se toma en serio su propio futuro.