Por David Núñez Amórtegui
La reforma política en Colombia es un asunto ampliamente discutido y reiteradamente rechazado en el Congreso. Las propuestas sobre este tema en los programas de gobierno de las candidaturas presidenciales son muy limitadas, casi nulas y dejan muchísimas más preguntas que respuestas. Es decir que, en lugar de soluciones claras frente a las graves problemáticas de participación política y de fortalecimiento a la institucionalidad democrática, lo que hay son ideas vagas que generan incertidumbre.
El sistema electoral y de partidos seguirá funcionando como siempre, así parecen estar conformes las candidaturas presidenciales. La participación electoral de mujeres, jóvenes y otros grupos históricamente subrepresentados no parece ser una preocupación relevante para las candidaturas. Mucho menos lo es reformar sus partidos, buscar una coherencia entre los discursos y las decisiones que toman sus representantes o fijar reglas claras para que la ciudadanía se motive a confiar, identificarse y participar políticamente dentro de estas organizaciones.
La injerencia de congresistas en la inversión pública
Hay un par de propuestas interesantes en los programas de gobierno que buscan ponerle un freno a la intermediación de congresistas y otros funcionarios para el desarrollo de normatividad, política, programas, proyectos e inversiones del Estado. Un asunto que en principio sería coherente, en la medida en que un representante puede mediar por los intereses de sus electores, pero que en la realidad se ha tergiversado y convertido en una de las principales fuentes de corrupción en nuestro país. Razón por la cual hay que decir que estas propuestas pueden ser calificadas como beneficiosas para el sistema político: se trata de la Ley de Lobby que propone Sergio Fajardo y del complejo y completo sistema de planeación y priorización de proyectos de inversión que propone Claudia López.
La propuesta de Fajardo es algo que se ha promovido desde la sociedad civil hace muchos años. La Ley de Lobby es un mecanismo de transparencia que permitiría que toda la ciudadanía conozca claramente las relaciones entre los intereses particulares o privados de cualquier tipo, con los Congresistas y otros funcionarios que deciden sobre la normatividad o la inversión de recursos públicos, llevando un registro obligatorio de todas las reuniones que se sostengan y todas las personas que participan en ellas, entre empresas o cualquier actor privado, con servidores públicos, y así poder establecer cómo esto incide en las decisiones de esos funcionarios.
Por otro lado López propone un sistema descentralizado, con decisiones técnicas mediadas por la meritocracia y centrado en la participación ciudadana para la definición de las inversiones en proyectos regionales y locales. Actualmente esas decisiones están mediadas fundamentalmente por la “gestión” que hacen congresistas, alcaldes y gobernadores, frente al gobierno nacional. Se trata de un sistema que se presta para altos niveles de corrupción y clientelismo, que se convierte en favores y transacciones entre funcionarios y sectores políticos. Descentralizar y dar mayor participación ciudadana a esas decisiones de inversión, sin duda alguna puede ser un mecanismo eficaz para romper ese círculo vicioso.
La independencia de poderes
Otro tema fundamental y ampliamente discutido es la independencia de las diferentes ramas del poder público, un sistema de pesos y contrapesos esencial para el funcionamiento de un sistema político democrático. Colombia en general tiene una estructura de ramas de poder bastante independientes, pero pueden mejorarse algunos aspectos. De nuevo solo se encuentran pocas propuestas, y de nuevo de Fajardo y López, junto a otra de Iván Cepeda, esta vez una que va por buen camino, otra que es necesario aclarar y otra que puede ser muy riesgosa.
La propuesta de Fajardo apunta a crear un sistema meritocrático de selección para los cargos de Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación, Contralor de la República y Magistrados de las altas cortes de la Rama Judicial. Esta propuesta suprime la injerencia de las otras ramas en la designación de estos altos funcionarios y ayuda a reducir el frecuente conflicto de interés entre ellas, facilitando su independencia y fortaleciendo un ejercicio libre y autónomo de sus funciones. Va por buen camino, pero una reforma constitucional de este tipo, que disminuye la posición dominante de congresistas, seguramente tendrá muchísimos obstáculos en el legislativo.
La propuesta de Cepeda cuenta con amplio consenso en la opinión nacional, es viable políticamente, pero hace falta aclararla mucho más. Se trata de la eliminación del Consejo Nacional Electoral y su reemplazo por otra entidad “verdaderamente democrática, transparente y confiable”. Casi todo el mundo estaría de acuerdo con esto, porque el CNE está compuesto y controlado por los mismos partidos políticos sobre los cuales ejerce vigilancia, control y regulación. Es un órgano que no cuenta con ninguna independencia y cuyas decisiones han sido ampliamente cuestionadas por su conveniencia política coyuntural. Lo que hace falta aclarar es qué es lo que va a reemplazar al CNE ¿Qué quiere decir “verdaderamente democrática, transparente y confiable”? Suena muy bien pero no da ninguna certeza.
Finalmente la propuesta que puede ser muy riesgosa es la de López. La Candidata propone transformar la Procuraduría General de la Nación para “destinar sus funcionarios y recursos a fortalecer la Fiscalía Antimafia”. El Ministerio Público entonces se volverá un apéndice de la Fiscalía o desaparecerá. La responsabilidad disciplinaria de servidores y servidoras públicas desaparecerá o quedará diluida en procesos judiciales y la indisciplina en el servicio público se criminalizará. No solo rompe la independencia entre estas ramas del poder público, sino que se vuelve un riesgo para el ejercicio del servicio público en todas las ramas.
Las campañas políticas
Frente a la financiación de campañas electorales y partidos políticos, la única que menciona algo en su programa es Paloma Valencia, pero se limita a decir que “impulsará una reforma estructural a la financiación política”. Sería muy bueno que le contará a los y las electoras en qué consiste esa “reforma estructural”, porque son tantas las posiciones, debates, idas y venidas que este tema ha dado en el Congreso, donde ella ejerce como Senadora, que ya no hay claridad sobre qué es lo que se propone y qué es lo que puede ser viable.
La participación política y ciudadana
El único candidato que se refiere a este tema es Iván Cepeda, que tiene una propuesta clara y concreta y otras dos que se pueden quedar solo en buenas intenciones. La propuesta clara y concreta es ampliar los puestos de votación en zonas rurales. Un acto necesario de reconocimiento de una deuda histórica que tenemos como país para permitir la participación política de comunidades campesinas, que en muchos lugares deben recorrer distancias exageradas para poder votar, dejándolas a merced de politiqueros que pagan su transporte o simplemente excluyéndolas de su derecho constitucional a elegir a sus gobernantes y representantes. Es el único candidato que tuvo en cuenta una de las poblaciones históricamente marginadas en sus derechos políticos (faltaron las mujeres, la juventud, las personas LGBTIQ…).
Cepeda también habla de la protección del primer derecho necesario para la participación política de líderes sociales, firmantes de paz y oposición, es decir de proteger su vida. Todas deberíamos estar de acuerdo en que es un flagelo que se debería terminar inmediatamente, pero ni este gobierno ni ningún otro ha podido hacerlo. Entonces el enunciado de esta propuesta es necesario y hay que resaltar que es el único candidato que se refiere a esto, pero seguramente la mayoría de las candidaturas estarán de acuerdo. Como propuesta no tiene mucho de novedoso, aunque como realidad si sería lo más innovador en Colombia. Entonces la pregunta importante es ¿Cómo se puede realmente proteger la vida de estos liderazgos en el país? y frente a eso no hay respuestas claras en ningún programa.
Finalmente Cepeda propone un fortalecimiento sin precedentes en la participación y deliberación ciudadana, lo que él denomina una “Revolución Política” que profundice el poder constituyente y la movilización social, que llevará a soportar el “Acuerdo Nacional” a través de una Mesa de Diálogo Nacional que contará rápidamente con agenda temática, cronograma y llevará a definir mecanismos de implementación. Como punto de partida suena muy interesante pero no hay ninguna claridad sobre el punto de llegada, puede que lleve a situaciones indeseables o que simplemente no lleve a ningún lado. Claramente se puede interpretar que es una propuesta que conduzca a implementar el programa de gobierno en su conjunto, pero si esto no cuenta con una estructura, mecanismos, métodos y metas claras, puede que se quede solo allí, en el punto de partida.
De Abelardo de la Espriella no se recibe ninguna propuesta, más allá de “respetar la institucionalidad”, como si no requiriera ningún cambio, y lo que se le escuchó en alguna de sus declaraciones fue “destripar a la oposición”. Esperemos que estas propuestas del “Tigre” para la democracia colombiana no sean en serio.
Por el contrario, esperemos que las propuestas serias y estructurales de reforma política, que se han construido desde la sociedad civil y se han debatido a profundidad en los últimos años, tengan eco en el próximo gobierno y logren avanzar en el Congreso.